La policía ya no multará por llevar o consumir drogas en un vehículo estacionado

Portar o consumir cualquier tipo de droga en el interior de un vehículo propio, ya no será sancionable. Así lo establece una nueva instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ordena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sancionar a quienes se encuentren en su vehículo particular en posesión o haciendo uso de cualquier sustancia, siempre y cuando el vehículo se encuentre parado.

La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, en su artículo 36.16, castiga con multas de entre 600 y 300.000 euros «el consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos».

De este modo, la medida lanzada por el Ministerio de Grande-Marlaska tiene como objetivo dejar claro cómo deben actuar las autoridades cuando se detecta consumo de drogas en el interior de un coche privado y estacionado, estableciendo que esta práctica no debe ser sancionada.

Además, Interior recoge en su instrucción varias sentencias del Tribunal Supremo que, si bien no consideran el vehículo privado como un domicilio, sí lo reconocen como «un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad».

Malestar entre los sindicatos policiales por la nueva instrucción

Tras anunciarse la medida del Ejecutivo, los principales sindicatos policiales han manifestado su rechazo, alegando que la medida limita su capacidad de actuación. Al no poder sancionar el consumo de drogas dentro de vehículos estacionados, temen que esta medida incremente el riesgo de accidentes graves.

Según informa ABC, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que con esta norma «se neutraliza por completo la labor preventiva», ya que cualquier persona podría consumir drogas en un coche parado y luego reanudar la marcha bajo sus efectos, sin que la policía pueda intervenir a tiempo.

En la misma línea, Jupol (sindicato de Policía Nacional) advierte que la medida «puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales». Asimismo, alertan de que esta permisividad podría agravar el problema en lugar de resolverlo.