Más de 11 millones y medio de coches circulan por las ciudades españolas obligadas a tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2023. Y de todas ellas, casi 4 millones de coches verán comprometida su circulación al no disponer de etiqueta, según datos de Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que integra a, entre otros, a AutoScout24 y RentingCoches.
Esto supone que el 32% del parque móvil de estas urbes se convertirá en “inmóvil” al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para portar el distintivo medioambiental, quedando a expensas de conocer sus dueños qué pueden hacer con ellos en vista de que les han puesto “fecha de caducidad” para circular.
A partir de ahora, se abre un escenario de coches “inmovilizados” que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde. Otra opción es que sus propietarios decidan sacarlos a la venta, siendo atractivos para zonas rurales o pequeñas poblaciones; o bien abrir mercado en el extranjero para su exportación.
Además, esta normativa, que entrará en vigor el próximo año con el objetivo de cumplir la Ley de Cambio Climático, afectará a más de 25 millones de personas, es decir, al 53% de los habitantes de nuestro país, según el INE.
Santa Cruz de Tenerife, la ciudad más afectada de España
Canarias tiene el porcentaje más alto de coches sin etiqueta de nuestro país. Es más, las cuatro primeras posiciones son ciudades canarias: Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%). A continuación, aparece Ourense (Galicia) con el 41,7% y comparten un 39,6% tanto Ponferrada como León capital.
Mientras, Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), localizadas en la Comunidad de Madrid, son las ciudades menos afectadas por las restricciones de las ZBE. Fuera de la capital, se encuentran San Fernando (20,5%) o El Puerto de Santa María (23,2%), municipios de Cádiz.
Según Ignacio Gª Rojí, portavoz de Sumauto, “nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria ‘a dos energías’ en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidades de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de 20 años, pero con la ventaja de no tener restringida su circulación”.
